Moreno destituye a la interventora de la Junta de Andalucía que cuestionó los contratos en el sector sanitario

La Junta de Andalucía ha destituido este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que ha permanecido estancada durante meses, beneficiando a 70 interventores del organismo fiscalizador. A finales de 2022, González firmó un contundente informe que advertía a la Consejería de Hacienda sobre el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba suscribiendo con el sector privado para eludir la Ley de Contratos del

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.